La "promesa" en el lenguaje político
(Publicado en B.I.L.E. diciembre 1989)
Es un hecho constatable, no por evidente de menor importancia, que la lengua de una determinada comunidad de hablantes desarrolla con preferencia, o mantiene especialmente vivos y cambiantes, algunos de sus sectores léxicos que confluyen, se enfrentan o chocan continuamente con el resto de los subsistemas que componen esa lengua. Las razones se buscan tradicionalmente en las continuas innovaciones técnicas o tecnológicas, en los extranjerismos y, más recientemente, en el desarrollo de un debate político en sentido amplio que incide directamente en la formación de un sector de creciente importancia formado por el lenguaje político.
Aunque no es el objeto central del presente análisis, conviene situar adecuadamente la parcela del lenguaje político. Al ser propio de una actividad social determinada no debería, en principio, diferir del resto de los lenguajes sectoriales que genera un sistema lingüístico: léxico propio, uso de neologismos más o menos afortunados, préstamos, etc. La presencia de todos estos elementos debe requerir, como es lógico, y como ocurre en todas las «jergas», un cierto grado de iniciación, asegurar unos límites de cohesión interna y ha de suponer una relativa «oscuridad» para quien permanece fuera del grupo. Su diferencia más significativa es, según Eugenio de Bustos (E. Bustos, 1981), la de que en el lenguaje político predomina la función apelativa, y ésta está estrechamente ligada con el estereotipo y, por tanto, con la simplificación y aun falsedad inherentes al mismo... Otra particularidad destacable es, sin duda, la de su abundante y permanente presencia en todos los mass-media de una comunidad, con la consiguiente fuerza de penetración en el tejido social de la misma, dando origen a un considerable proceso de mimetización lingüística. En el plano estricto de la lengua, cabría destacar su capacidad o avidez parasitaria; en efecto, el léxico estrictamente político ni es abundante ni es de reciente creación, pero cualquier locución, en cualquier lengua, puede ser incorporada con facilidad al lenguaje político, siendo el tropismo, por ejemplo, uno de los recursos más empleados de esta espiral de apropiaciones.
Durante el período que se suele denominar como década de la transición política española hemos podido observar un notable desarrollo del lenguaje político, que en los últimos años, sin embargo, parece embocar un cualitativo cambio de tendencia. Al principio de este período el léxico político estaba caracterizado por precisos componentes semánticos de tipo ideológico (recuérdese el término «ideologema», empleado en ocasiones), cuyos márgenes de ambigüedad eran escasos. En toda su decisión semántica aparecían términos como «revolución», «fascista», «campesinado», etc., inmersos siempre en construcciones sintácticas de cándida y primitiva frontalidad. Es evidente que también el lenguaje político en España ha evolucionado (véase al respecto el trabajo de Lázaro Carreter sobre el lenguaje del PSOE «Viejo lenguaje, ¿nuevas ideas?», en Alvar, 1987), sin que ello suponga juicio alguno de valor extralingüístico, y que hemos pasado del lenguaje de la ideologización al de la tecnificación. A este respecto es clarificadora la opinión de Fernando Morán cuando dice: «Gobierno y Administración tienen su propio lenguaje, sus modismos. Progresivamente es un lenguaje tecnocrático y, en buena parte, endogámico» (F. Morán, 1987). La «tecnificación» del lenguaje político conlleva inevitablemente ese fenómeno de «usurpación» léxica que señalaba anteriormente, derivado también, en parte, de la vitalidad intrínseca que caracteriza la lengua de una sociedad que pretende no ser inmovilista, a la vez que la estructura sintáctica se hace más enrevesada, ambigua, oscura o, simplemente, inaceptable. Como contrapartida, digamos que esta transformación o la dimensión tecnocrática de la misma ofrece el aspecto positivo de haber huido de todos los emblematismos, simplismos, etc., que por su llamada a las respuestas emocionales son propios de los lenguajes totalitarios.
Estas consideraciones merecerían, sin duda, una reflexión exclusiva o, al menos, más profunda; digna de ella sería también la relación o influencia que del lenguaje político deriva hacia el lenguaje periodístico, calcándose con frecuencia «vicios» y distorsiones, por ser la prensa escrita y hablada esa pretendida «correa de transmisión» (nótese el tropismo) entre el mundo de los políticos y el delos comunes mortales. Aludamos también, por prudencia, al craso equívoco que resultaría de identificar el lenguaje político con la «lengua de los políticos», no siempre ejemplo de buen uso, sino con frecuencia de infeliz falta de decoro, como diría Juan de Valdés.
En opinión de Martínez Albertos, el político es «fundamentalmente un vendedor de productos ideológicos» (en Alvar, 1987, pág. 73) y, como consecuencia, obvia, añadiríamos, su intención trasciende los meros límites del hecho comunicativo. El político sabe que, al menos teóricamente, 
su actividad depende de unos electores a los que continuamente ha de enviar mensajes; ello no impide que la forma de este mensaje pueda ser ambigua, menos durante las campañas electorales, y que adquiera, por tanto, un tono común no diferenciable fácilmente. «¿Todos los políticos dicen lo mismo? –se preguntaba no hace mucho Ricardo Gullón– aun si lo contrario parece posible, discrepantes en el fondo –en lo enunciado–, coinciden, con variedad de matices, en la manera de transmitirlo» (R. Gullón, 1986). Efectivamente, es opinión cada vez más generalizada que los políticos hablan politiqués y que se corre el riesgo de que el politiqués contamine sectores lingüísticos cada vez más amplios, comenzando por el periodístico, como antes he dicho; de tal manera que a los vicios propios de los periodistas (obsérvese la siguiente frase, leída en el telediario de las tres de la tarde del día 4 de enero de 1988: «Este es el primer atentado después de la firma del pacto contra la violencia de los partidos políticos»), se unen los derivados de los políticos en una interferencia de espacios lingüísticos cuya utilidad es, con frecuencia, la de lanzar propuestas al adversario, saltando sobre la cabeza del lector–elector, teórico destinatario.
En este panorama confuso, como un rito pactado, aparece periódicamente la formulación de la promesa. Mi propósito de análisis deriva de la sencilla observación del uso de la misma como fenómeno lingüístico, o de comunicación, recurrente que, aunque puede variar en su forma (hay una cierta diferencia entre la ya clásica «puedo prometer y prometo» y la más moderada aunque no menos literaria «luz y ventilación en la Casa de la Villa» de Rodríguez Sahagún, recogida por el diario El País el 6 de junio de 1987), permanece intacta en su intención y en su función comunicativa; porque, como dice Searle, «el acto de prometer se realiza característicamente al emitir ciertas clases de expresiones en ciertos contextos y con ciertas intenciones» (Searle, 1969, pág. 196). Constatados el fenómeno y su contexto, trataré de situarlo en una determinada clase de «actos de habla» y de comprobar su validez semántica, así como sus conexiones con el sistema de señales que el político trata de transmitir.
«Promesa» es, según el diccionario de la R. A. E., «la expresión de la voluntad de dar algo o hacer algo por alguien». Lo importante, por tanto, es que sea manifiesta esa voluntad que, semánticamente, puede apoyarse en el propio significante «promesa» o en otros afines. Observemos, sin embargo, cómo Julio Casares matiza sensiblemente la definición de la Academia al proponer la suya, como «expresión con que uno se obliga a dar o hacer alguna cosa». Consideraré la «promesa política» en su valor prioritario de voluntad-obligación-compromiso de realizar algo en favor de los electores, manifestado tanto en el lenguaje político como por los políticos. Ahora bien, hay formulaciones lingüísticas en las que el hablante-emisor no expresa solamente una actitud, sino que la «realiza» (Caron,1983); es decir, la promesa constituye un acto de habla de peculiares características que iremos analizando. Con ello entramos en uno de los terrenos, propios de la «filosofía de la lengua», que más repercusión han tenido en el estudio lingüístico durante los últimos años. Consideremos el postulado propuesto por Searle según el cual hablar un lenguaje es construir una forma de conducta, puesto que el uso de los elementos y mecanismos lingüísticos está regido por una serie de reglas que, en un modo u otro, el hablante utiliza y que subyacen a la estructura lingüística misma (Searle, 1969). Ello vendría a confirmar lo que su maestro había defendido, es decir, que actuamos mediante el uso de las palabras (Austin, 1962), de modo que, si tomáramos como ejemplo el uso de la expresión «amén» en dos situaciones distintas, religiosa la primera y familiar la segunda, cualquier hablante intuiría diferencias precisas de intencionalidad, de parodia, etc., de la segunda con respecto a la primera. Estas intuiciones, que se sitúan en la base de la comprensión de los mecanismos comunicativos o expresivos, como ocurre en el caso de la ironía, son los que deben y pueden, en el estudio sistemático de la lengua, explicitarse y sistematizarse en esa serie de reglas a las que he aludido. Determinan una conducta a través de la palabra y encuentran en el «acto de habla» su unidad primera de comunicación lingüística. Claro que una afirmación de este tipo obliga necesariamente a reconsiderar la validez de la teoría de los actos de habla.
Pese al paso de los años y a la escasa estabilidad de gran parte de las teorías en el moderno desarrollo de la lingüística, la feliz intuición de Wittgenstein, tantas veces citada, de que el significado de una palabra es su uso en la lengua, parece conservar, con las oportunas matizaciones, una indudable actualidad. Tras descartar el método de la verificación, instrumento eficaz del positivismo lógico, la teoría del significado habría de recoger el postulado de Wittgenstein en las propuestas, por ejemplo, de Austin (1962) sobre los actos de habla o en las más arriesgadas de Grice (1975) cuando afirma que el significado de una expresión lingüística depende del efecto que el hablante pretenda obtener en el oyente.
Sin olvidar que no puede eliminarse completamente el significado convencional que adopta una comunidad en su expresión lingüística, insistamos en la idea de que «prometer» es un verbo de los que antes llamábamos «realizativos» y que en esta dimensión se apoya su valor semántico. Si no se reconociese de este modo en todos los usos de la palabra, recurriríamos a la prueba de las circunstancias extralingüísticas que determinan, en última instancia, la acepción dudosa que separa la información de la promesa (Ducrot, 1972) y las mismas colocarían, colocan la promesa política en una situación inequívoca de intención. Janet D. Fodor (1977) reconoce que, aunque no pudiera extraerse una teoría general del significado a partir de los actos de habla, sí pueden acotarse ciertos campos más específicos, como el de los actos ilocutivos al que «prometer» pertenece, y admitir que puede verificarse su uso específicamente realizativo en el cumplimiento de las condiciones que Searle (1969) había señalado como necesarias.
Es, pues, evidente y obligado considerar el valor semántico de «prometer» y de «promesa» en este concreto valor de uso. A propósito del mismo, recordemos solamente que la emisión de un enunciado trasciende, como en este caso, su propio acto de emisión y los objetos más inmediatos que le sirven de referencia, de modo que cuando Hernández Mancha, por ejemplo, promete «ayuda a las familias que tienen hijos corroídos por la droga» (recogido en El País del 9-VI-1987), añade esa tercera característica de compromiso consciente que es la determinante de su acto de habla y que Austin y Searle clasificaron dentro de los «actos ilocucionarios», de cuya categoría señaló el primero la presencia de más de un millar en la lengua inglesa.
Antes me he referido a las condiciones necesarias para que una promesa pueda considerarse válida. En efecto, la realización no defectiva de «prometer» requiere una serie de ellas; el conjunto de las mismas será a su vez condición suficiente que generaría, eventualmente, un conjunto de reglas. Está claro, por ejemplo, que es defectuosa una promesa no vertida hacia el futuro, como lo es también aquella cuyo cumplimiento haya de reportar un daño y no un beneficio, así como la que se efectúa en condiciones físicas de comunicabilidad no adecuadas. Condiciones objetivas todas ellas, pero que conviene dejar en claro. Existe también la condición de lo obvio, es decir, carece de validez la promesa de lo obvio; y aquí, aun a riesgo de caer en una elemental perogrullada, topamos con la primera dificultad que amenaza el valor de la promesa política. Estoy seguro de que todos convendríamos en la inutilidad de que el vendedor de automóviles prometiese vender automóviles, o en la de que el profesor prometiese dar clases o el vigilante vigilar. Tales promesas caerían por sí mismas, no serían promesas.
¿No es igualmente defectuoso que el político prometa cumplir como político?
Podrá objetarse que los políticos, pese a la semejanza creciente de los programas, prometen hechos, acciones o «cosas» concretas, que, mientras Ruiz Gallardón, por ejemplo, prometía un segundo «cinturón» para Madrid, Leguina prometía una descongestión del tráfico a través de otro tipo de enlaces. Efectivamente, pero en ambos casos subyace (habría que invocar razones filosóficas para ello) una promesa de servicio, de procurar un bien para la sociedad, concepto consustancial con el de la persona que se dedica a la política y, por tanto, quedaría en entredicho el valor de las promesas de índole semejante.
Una segunda condición necesaria para ratificar la validez de la promesa es el convencimiento absoluto por parte de quien la formula de su posibilidad de realización. Así, «prometo que te regalaré una pluma» implica el conocimiento y la verificación positiva de una
serie de enunciados de presuposición como «te hace ilusión tener una pluma», «existen lugares donde puedo comprar una pluma», «dispongo del dinero y del tiempo...». Ahora bien, advirtamos que nada hay tan lejano del cumplimiento de esta condición como la situación en la que el político formula su promesa, pues lo hace desde hipótesis evidentes o encubiertas, contrarias a cualquier tipo de presuposiciones verificables: «Haré esto, si tú me votas, si salgo elegido, si llego al poder, etc.» De este modo, la promesa política se sustenta sobre una base viciada, como es la de la condición, poniéndose en grave duda su validez semántica y anulándose, en gran parte, su genuino valor lingüístico. Al deber prescindir de esta condición necesaria, el análisis de la intención del político, cuando realiza este tipo de actos de ilocución, nos conduce necesariamente a constatar un simple propósito de intercambio propiciado por la condición impuesta, una especie de transacción más o menos encubierta, un negocio, en definitiva.
Tampoco sería justo, sin embargo, una vez descubiertos ciertos procedimientos en el uso del lenguaje, presuponer de modo radical que los políticos formulan sus promesas de modo no sincero (véase Durandin, 1983). Creo que el problema es más profundo y complejo y supera los límites de las voluntades personales: pone al descubierto una situación de desajuste lingüístico entre políticos y electores. Las reglas que gobiernan el uso de la lengua no son válidas para el uso político de la misma o, simplemente, el lenguaje político cuenta con sus propias reglas de significación y de configuración de conducta. En el uso de la promesa es patente que confluyen dos significantes cuyos significados y mecanismos de engarce difieren notablemente; es como decir que los electores hablan español, por ejemplo, y los políticos politiqués, manteniéndose entre ambos «idiomas» una perfecta relación de homofonía.
Me he referido a una situación de «desajuste» y he utilizado el término «conducta». Junto a ambos conviene considerar la «oscuridad» al principio aludida o la ambigüedad (recuérdese el paradigmático «de entrada, no» que propuso el PSOE en un primer momento con respecto a la integración de España en la OTAN) como característica general del lenguaje político. Lo paradójico de la formulación lingüística de la promesa política es que mantiene, con frecuencia, los niveles más altos de claridad y concreción de todo el lenguaje político (sirvan como ejemplo los ochocientos mil puestos de trabajo del PSOE en la campaña de 1982 o la «congelación de los impuestos municipales» de Hernández Mancha en la de junio de 1987), como si los políticos fuesen «claros» sobre todo (o sólo) al prometer, cuando en realidad acabamos de ver la engañosa claridad de los significantes y las sutiles trampas semánticas que encierran.
Si hablar una lengua es adoptar una serie de reglas que configuran una forma de actuación, si hablar es una actuación regulada, hablar «en político» es adoptar o sumarse a unas reglas más específicas, una de las cuales es, entre otras, la formulación de promesas. La consideración más radical de esta perspectiva nos llevaría a analizar dicha formulación como un elemento más de construcción sintáctica, como puede ser el uso del plural o el del gerundio y concluir, por tanto, que, en este caso concreto, el lenguaje político tiene casi exclusivamente marca sintáctica; o que el uso político de la promesa hace que el valor de la misma sea puramente declarativo, es decir, se sitúe en el preciso plano de lo locutivo en cuanto que nadie puede dudar de que «alguien ha dicho algo». «Prometer», significante de ese subsistema que constituye el lenguaje político, no tiene el significado que la mayor parte de la comunidad hispanohablante reconoce en el verbo «prometer».
Me he referido fundamentalmente a las dos primeras categorías de los «actos de habla»; pero no podemos olvidar la tercera de ellas, la de los «actos perlocutivos» o de «perlocución», pues está estrechamente unida a la intención de intercambio o de contrato verbal en el político cuando formula su promesa. Si en la perspectiva anterior la promesa llegaba a constituir un simple acto locutivo, declarativo y sin valor, el análisis más radical del propósito nos permite incluirla dentro de lo perlocutivo. Es evidente que, en el referido marco del intercambio, el político intenta provocar una acción: un esquema que, por su simplicidad, raya en el behaviorismo. También para Ducrot (1984) existiría esta diferencia fundamental como constitutiva de sentido en una formulación lingüística, puesto que lleva al oyente a sacar cierto tipo de conclusiones y a actuar en consecuencia. Si el acto de «prometer» es un acto ilocucionario, el acto de prometer «en político» puede ser un acto perlocucionario, pues depende y está ligado a la respuesta del oyente; en cualquier caso, tanto si se desplaza hacia el primer escalón como si lo hace hacia lo perlocutivo, se desvirtúa su intrínseco carácter realizativo y su esencialidad semántica.
Si nos inclinamos por la segunda opción, aceptaremos una tecnificación siempre creciente de la relación entre el político y el lector y de los mecanismos de comunicación o captación que entre ambos se establecen. La promesa política puede considerarse, en esta óptica, como un medio convencional -estereotipo- de alcanzar una respuesta, a la vez que pierde su carácter intrínsecamente lingüístico, aunque utilice la lengua como soporte material, para alinearse con la variedad de variantes iconográficas que persiguen la misma propuesta de intercambio.
Llegados a este punto, su valor semántico deberá analizarse desde otra perspectiva, desde aquella que incluya todos los iconos de la comunicación política, con sus valores referenciales y su especificidad significativa, desde una semiótica más general que comprendería una pequeña parcela lingüística, pues la promesa política ha pasado a engrosar la galería de los estereotipos de la comunicación política, basada cada vez con mayor fuerza sobre elementos iconográficos.
Esta consideración del lenguaje político como simple mercadería debería conducirnos hacia una reflexión profunda sobre la no siempre manifiesta complejidad de la lengua y sobre los peligros que se celan tras su aparente linealidad. Si las lenguas han sido y son compañeras de los imperios, su conocimiento «intensional», con la consiguiente utilización de recursos y artimañas, es, o puede ser, fuente de otro tipo de poder en lo social y de dominio en lo interpersonal.
La lengua es, desde sus primeros usos colectivos, factor esencial de organización y de jerarquía, desde lo más nimio hasta la más «prohibida» de sus dimensiones, a las que sólo unos pocos han tenido acceso. El lenguaje político desempeña una importante función en este sentido y, por ello, hace acopio de toda una serie de recursos que permitan sortear el compromiso directo y asumido en beneficio de un pretendido posibilismo que pertenece a la dinámica del poder y de su lenguaje.
Si analizamos el problema del significado de este lenguaje a partir de la esbozada teoría de los «actos de habla», descubriremos cómo en muchos casos la lengua, o manifestaciones concretas de la misma, encierra interpretaciones que desbordan el uso habitual de la misma, creándose una peligrosa dualidad de significado en la que puede caber la manipulación consciente o en la que puede instalarse la ambigüedad. Esto es lo que ocurre con el uso de la palabra «prometer» y otras palabras afines. Para que estos términos sean válidos significativamente y, por consiguiente, aceptables para los hablantes de una comunidad, deben ser pronunciados con la concurrencia de una serie de condiciones que no se cumplen en su uso político. Este es el hecho fundamental del presente análisis y el que invalida el significado de este tipo de presiones o, por lo menos, el que los hablantes hemos aceptado.
De ahí que podamos deducir o «descubrir» que su valor semántico se encamina hacia propuestas de intercambio o se integra como un elemento más de la parafernalia electoral, como un elemento de ornamentación lingüística. En definitiva, «prometer» sería una forma con dos significados que se separan y que indican la fractura lingüística que existe entre los profesionales de la política por un lado y los electores por otro. A todos los ciudadanos nos incumbe el deber de la reflexión sobre hechos como éste, de modo que la lengua no sea nunca un medio de distanciamiento o de engaño, sino de auténtica comunicación y solidaridad.
ALVAR, Manuel, y otros autores (1987): El lenguaje político, Madrid, Instituto de Cooperación Iberoamericana.
AUSTIN, J. L. (1962): How to do things with words (Palabras y acciones, Buenos Aires, Paidós, 1971).
BUSTOS, Eugenio de (1981): «El léxico político», en Boletín Informativo de la Fundación Juan March, núm. 111, Madrid.
CARON, Jean (1983): Les régulations du discours, París, P. U. F.
DUCROT, Oswald (1972): Dire et ne pas dire, París, Hermann.
-- (1984): El decir y lo dicho, Buenos Aires, Hachette, S. A.
DURANDlN, Guy (1982): Les mensonges en propagande et en publicité, París, P. U. F.
FODOR, Janet (1977): Semántica, Madrid, Cátedra, 1985.
GRICE, H. P. (1975): «Logic and Conversation», en COOLE y MORGAN: Speech Acts, 3, Nueva York, Academic Press.
GULLÓN, Ricardo (1986): «El lenguaje de los políticos», en ABC, Madrid, 29-XII-1986.
MORÁN, Fernando (1987): «Lenguaje y poder», en El País, Madrid, 26-XI-87.
SEARLE, John (1969): Actos de habla, Madrid, Cátedra, 1986.
B.I. L. E. Núm. 9 - diciembre de 1989